Muchos estudios actuales revelan que la calidad de nuestra alimentación se está viendo mermada, desde hace varias décadas, debido principalmente a la disminución de nutrientes en productos que suponen la base de nuestra dieta alimenticia.  Un aumento alarmante de la producción mundial, conlleva una sobreexplotación del suelo de cultivo y con ello, el uso de técnicas y sustancias químicas que permiten que los cultivos sean más “solventes”, en términos de cantidad, pero en detrimento de su calidad.

Se dan dos razones que justifican este aumento de la producción. La primera es el aumento de la población, que en las últimas décadas se ha cuadriplicado, y la otra, no menos importante, es el hiperconsumismo instalado en el mundo desarrollado. Según el Índice Planeta Vivo, elaborado por WWF en 2014, necesitaríamos como media, cerca de tres planetas para satisfacer las necesidades de consumo de la población mundial.

Esa pérdida de nutrientes es lo que nosotros percibimos en forma de cambio de color, sabor o textura. Cuantas veces habremos oído decir “estos melocotones ya no son como los que comíamos antes” o “este pollo parece de plástico”.Los menos jóvenes recuerden seguro el sabor de productos frescos, sin haber pagado más por ellos, era lo que existía hace algunas décadas. Actualmente, acceder a productos de elaboración tradicional, auténticos, frescos, sin exceso de hormonas o pesticidas, es todo  un lujo, pero un lujo cada vez más necesario.

El informe “Soil Pollution hidden reality” publicado por la Fao en 2018, hace apenas unos meses, saca a luz unos datos muy preocupantes sobre la contaminación del suelo en el espacio europeo. Después de analizar 76 plaguicidas diferentes en 317 suelos de EU, destinados a la agricultura, el estudio confirma la presencia de pesticidas en el 83% de los suelos analizados y mezcla de distintos tóxicos, en el 58%.

El estudio define “Contaminación del suelo” como; “Presencia de un producto químico o sustancia fuera de lugar y / o presente en una concentración superior a la normal que tiene efectos adversos en cualquier organismo no objetivo (FAO y ITPS, 2015). La contaminación del suelo a menudo no puede evaluarse directamente ni percibirse visualmente, por lo que es un peligro oculto”. El informe afirma también que la contaminación del suelo reduce la seguridad alimentaria, al reducir los rendimientos de los cultivos, debido a los niveles tóxicos de contaminantes. Por lo tanto, los cultivos producidos en estos suelos no son seguros para el consumo por parte de los animales y los seres humanos.

A pesar de que los estudios de suelos para identificar los contaminantes, sean difíciles y costosos, debido al continuo desarrollo  de compuestos agroquímicos e industriales y la transformación de los compuestos orgánicos, existe suficiente evidencia científica para confirmar que la contaminación del suelo supone un grave riesgo para la salud humana y el medioambiente. Más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer, están relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados (OMS, 2017b). El mayor órgano mundial de toma de decisiones en materia de medio ambiente, la UNEA, confirma que hay datos suficientes que sostienen que la contaminación del suelo está aumentando en cada región y supone un grave riesgo para la humanidad.

El estudio del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, publicado en Science of the Total Environment, desvela que el 45 % de los suelos de cultivo europeos contienen residuos de glifosato y su producto de degradación más tóxico, AMPA, que suponen graves amenazas para la salud y se relaciona en otros estudios con el aumento del cáncer.

Hasta hace aproximadamente un año, este dato era difícil de sostener, dado que las grandes multinacionales que facturan miles de millones de euros, (ver datos de la patronal de fabricantes  AEPLA) apoyados por supuestos informes científicos externos e independientes, avalaban su inocuidad. Este hecho dio lugar a que la Comisión Europea renovara en el 2017, por 5 años más, el uso de este pesticida, ignorando incluso la petición del Parlamento Europeo de prohibir su uso privado o en zonas verdes.

Mientras tanto un informe de la Agencia Internacional de Estudios sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, hacía una valoración opuesta a la presentada. Según numerosos estudios llevados a cabo por la organización, se concluyó que el glifosato es carcinógeno, y es incluido en la lista de sustancias de alta probabilidad cancerígena publicada por la IARC (se puede encontrar en la clasificación por Glyphosate, término en inglés).

Fruto de este exceso de incongruencia informativa, el Parlamento Europeo, encargó poco después,  una investigación a un grupo de expertos europarlamentarios, cuyas conclusiones se reflejan en  este Informe. En el mismo, se muestran “pruebas contundentes”  de que la evaluación sobre el glifosato que fue contratada por Montsanto al Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR), es literalmente, un “copy paste” de  la evaluación de los solicitantes de la industria (con Montsanto a la cabeza).

Actualmente, en el 2019, y después de muchas presiones de países,  organizaciones y plataformas civiles, para no llevar adelante la renovación de la venta de glifosato, la Comisión Europea, se encuentra ante la  encrucijada de pagar los costes de romper la negociación con Montsanto, o poner por encima de todo la salud, el medioambiente y en definitiva, el interés ciudadano.

Si bien, existe un reconocimiento global acerca de la contaminación del suelo, y se suceden los actos políticos y de organizaciones para encontrar soluciones viables y urgentes, como el Global Symposium of Soil Pollution (mayo 2018),  el precio que pagan los ciudadanos y nuestro ecosistema es muy alto. El deterioro está ya hecho y la confianza del ciudadano agotada ante la ausente intencionalidad política real, para evitar situaciones de riesgo prolongadas, guiadas por intereses comerciales. Supuestamente, nuestra seguridad alimenticia así como el daño medioambiental, debiera estar avalada por derecho, tal y como se detalla, en el principio de precaución, artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Se relaciona con un enfoque de la gestión de riesgos, en el que si existe la posibilidad de que una política o acción determinada pueda causar daños al público o al medio ambiente y si todavía no existe un consenso científico sobre el tema, la política o acción en cuestión, no debe ser llevada a cabo. Una vez que haya consenso científico e información suficiente y disponible, la situación debe ser revisada. Por esta razón, no debería haber ningún producto en el mercado hasta que se demuestre de forma consensuada que no es perjudicial para la salud y nuestro ecosistema 

LA DEMANDA QUÉ SALVARÁ EL MUNDO

 

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Un ciudadano cada vez más crítico y consciente del hiperconsumismo actual está emergiendo y busca opciones que le permitan a nivel individual y colectivo, poner freno a la degradación de nuestro ecosistema y la vida en general. Un ciudadano, al mismo tiempo, convencido y dispuesto a plantar cara al hecho de  “ser meros títeres a expensas de nuestra propia naturaleza para soportar una exposición creciente a tóxicos y químicos que degradan la vida”.

 La alimentación ecológica, en ese sentido, se plantea como una alternativa a una alimentación cada vez más artificial y como mínimo, de dudosa salubridad a medio/largo plazo.

Aunque plantear una dieta familiar en base a productos ecológicos no es siempre viable 100%, en términos de accesibilidad y precio, existen otras opciones, que permiten “democratizar” es decir, HACER ACCESIBLE A TODOS, una alimentación sana y con garantías. Por un lado, está el consumo local y en proveedores directos de confianza, y por otro, la marca blanca ecológica de los supermercados, que aunque no siempre son productos locales, nos garantiza productos cultivados en tierras regeneradas, sanas, sin pesticidas tóxicos y sin modificación genética. Estos alimentos llegan en forma de marca blanca a algunos supermercados como Aldi, Lidl, Alcampo o Carrefour. Su gama blanca es asequible y lleva certificación europea.

UN FUTURO CERCANO

Existen varias razones por las que pensar en un futuro más esperanzador. España, es el país con mayor extensión de suelo ecológico cultivable, más de dos millones de hectáreas de agricultura ecológica. El consumo ecológico crece en España 18 veces por encima del producto convencional, según datos de MAPAMA del 2018.  A este ritmo, se plantea un escenario muy ambicioso para el productor español, que tendrá que cubrir una demanda creciente y que ya no tiene marcha atrás. El poder de la demanda, generará un nuevo panorama al sector productor que tendrá que adaptarse a las exigencias de sostenibilidad y ecología del nuevo consumidor.

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